Pena de muerte en Chile

La pena de muerte como castigo máximo se aplicó en Chile desde tiempos coloniales.^[4]​ La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, terminando con la vida de los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, conocidos como los «psicópatas de Viña del Mar», por ser responsables de una decena de homicidios en serie perpetrados en dicha ciudad.^[2]​^[5]​

Uno de los casos más polémicos de ejecución de la pena capital en Chile fue el de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, conocido como «el Chacal de Nahueltoro», quien en 1960 dio muerte a una mujer y a los hijos de ella. Tras ser capturado y condenado a la pena de muerte, se desarrolló un fuerte debate en la sociedad chilena debido a la paradoja que constituía el proceso de rehabilitación por el que había pasado el "Chacal" en la cárcel, sin la posibilidad de ser indultado antes de su muerte.^[6]​

La pena de muerte en Chile fue incluida en el ordenamiento jurídico en 1875, siguiendo la tradición de los tiempos de la colonia española, siendo usada solamente para crímenes involucrando robo con intimidación o violencia, piratería, traición, o cualquier delito que termine con la vida del victimario.^[7]​ Uno de los primeros reos en ser ejecutado fue Pedro Ñancúpel, pirata chilote, en el año 1888.

Según fuentes oficiales, desde 1890, en Chile 57 personas fueron condenadas por los tribunales a la pena de muerte. Del total, 29 de ellos habían cometido robo con homicidio; 23, homicidio calificado; uno por asalto con homicidio; uno homicidio con incendio y tres homicidio con violación. Ellos son:^[7]​

Al momento de ser abolida la pena de muerte varios sentenciados se encontraban esperándola, por lo cual su condena automáticamente se convirtió en una cadena perpetua simple, la cual trae consigo libertad vigilada después de 20 años en prisión. Uno de los reos en salvarse de la pena de muerte bajo esta situación fue el triple homicida Rubén Millatureo, quien fue liberado en 2018 después de estar 20 años preso. La última persona en recibir la condena a pena capital fue el colombiano Hugo Gómez Padua, quien tras violar y asesinar a una niña en Colombia en 1976, incumplió su libertad condicional y entró ilegalmente a Chile en 1995^[18]​. En 1999, estando asentado en Santa Cruz viola y descuartiza a Paula López Galdames de 10 años, no enfrentó al pelotón de fusilamiento debido a la abolición de la pena muerte, intenta obtener de nuevo el beneficio de libertad condicional en 2020 y 2021, sin tener éxito.^[19]​

Solo dos (el alemán Guillermo Beckert y el francés Émile Dubois) eran del extranjero y no hubo mujeres fusiladas, aunque hubo varias condenadas a la pena de muerte, entre ellas Corina Rojas (parricidio) y Teresa Hidalgo (cuatro homicidios); todas lograron apelar su sentencia o recibieron el indulto presidencial.

Según la periodista Marianela Baeza, a esta lista le faltaría Nicanor Vicencio, ejecutado en 1899 en Quillota; debido a esto, se ha teorizado de que realmente se ha perdido el número exacto de ejecutados en Chile a la historia.^[20]​ Además, se ha sido reportado que el asesino en serie y pederasta Francisco Varela Pérez también fue sentenciado a pena de muerte, pero no existe evidencia que fue ejecutado^[20]​ Supuestamente Felipe Ñancúpel (sobrino de Pedro Ñancúpel) también fue fusilado, este en 1914 por asesinar a su esposa,^[21]​ y tampoco aparece en fuentes oficiales.

• Anexo:Uso de la pena de muerte por país
• Pena capital en América Latina