Dina Boluarte

Nació el 31 de mayo de 1962, en la ciudad peruana de Chalhuanca, Apurímac.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad y en 2005 se graduó como abogada en la Universidad de San Martín de Porres,^[18]​ posteriormente realizó una maestría en Derecho Notarial y Registral, por la misma universidad.^[19]​

Trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como abogada y jefa de una de sus oficinas, cargos que ocupó desde 2007.^[20]​ En agosto de 2021, pidió una licencia al Reniec para poder presentarse en las elecciones generales de ese año, ya que su cargo era incompatible con las funciones en el Ejecutivo al que postulaba. Su solicitud fue denegada; no renunció a su puesto, alegando que su cargo político podría ser efímero, y podría retornar a su plaza. Para eso recurrió al concepto de «Sin goce de haber».^[21]​ Renunció a su cargo de jefa encargada de la Oficina Registral Surco, Higuereta, que ocupaba desde 2015, en abril de 2022.^[22]​^[23]​

Por siete años fue presidenta del Club Apurímac en Lima,^[24]​ hasta su renuncia en agosto de 2023 en medio de acusaciones de conflicto de intereses mientras asumía de presidenta del país.^[25]​

Se postuló sin éxito a la alcaldía del distrito de Surquillo, en 2018, en representación del partido Perú Libertario. También participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020 por Perú Libre. Aunque no obtuvo un escaño en el Congreso.^[26]​^[24]​

El 23 de enero de 2022, durante una entrevista con La República, Boluarte afirmó que nunca abrazó la ideología del Perú Libre. Posteriormente, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, expulsó a Boluarte de Perú Libre y publicó un tuit: «Siempre leales, traidores nunca». Cerrón también afirmó que el comentario de Boluarte amenazaba la unidad del partido.^[27]​^[28]​

Fue candidata a la primera vicepresidencia durante las elecciones generales de 2021 por el partido Perú Libre, en la que la fórmula, encabezada por Pedro Castillo,^[26]​^[29]​ ganó en la segunda vuelta.^[5]​^[30]​ Asumió el cargo el 28 de julio del mismo año.

El 29 de julio de 2021, fue nombrada y posesionada por el presidente Pedro Castillo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú.^[6]​ Mantuvo el cargo hasta el 25 de noviembre de 2022, cuando presentó su renuncia como ministra de Estado.^[31]​

El 5 de diciembre de 2022, tras votar 13 a favor y 8 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, desestimó y archivó el recurso de inconstitucionalidad contra Boluarte presentado por Norma Yarrow, alegando que operó un club privado mientras era ministra de Desarrollo.^[32]​ Los votos fueron de Perú Libre, Acción Popular, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Integridad y Desarrollo, Bloque Magisterial y Cambio Democrático.^[33]​

El 7 de diciembre de 2022, asumió la presidencia de la República del Perú por sucesión constitucional tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por el Congreso de la República a consecuencia del intento de autogolpe y posterior destitución del Congreso.^[7]​ Se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del país.^[34]​

En su primer discurso ante el Congreso, denunció al presidente Castillo y declaró su voluntad de formar un Gobierno de unidad nacional para resolver la actual crisis política.^[35]​

El 12 de diciembre, minutos después de la medianoche, Boluarte anunció que solicitaría al Congreso que las elecciones generales se adelanten para abril del 2024.^[36]​ En este mensaje a la nación, la presidenta expresó: «Invoco a todos los partidos y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática nos guíe y oriente».^[37]​ En un entrevista con Willax Televisión, el 22 de diciembre, mencionó su distanciamiento con el partido político que postuló, Perú Libre.^[38]​

El 29 de diciembre de 2022, la congresista Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y los extitulares del Interior y de Defensa por «violencia de Estado», la misma que para aquella fecha había dejado 28 fallecidos^[39]​ y más de 600 heridos desde que estallaron las protestas contra la administración de Boluarte y el Congreso, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.^[39]​^[40]​

El 20 de enero de 2023, miembros y exmiembros del Gobierno, entre ellos la presidenta Boluarte, fueron denunciados ante el fiscal competente de la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad a raíz de las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas.^[41]​ La presidenta Boluarte ha declarado que ordenó al ejército y a la policía que no utilizaran armas letales, sin embargo, parece tener un poder limitado, incluso dentro de su Gobierno. Diversos analistas han comparado la situación con la de Brasil, donde no se registraron muertes después de que miles de manifestantes saquearan las sedes del poder.^[42]​ Para noviembre de 2023, el Ministerio Público, liderado por Patricia Benavides, formuló una denuncia penal contra Boluarte por el presunto delito de homicidio. Su abogado, Joseph Campos, negó las acusaciones y las consideró una guerra interna.^[43]​

Tras su investidura como presidenta, Dina Boluarte adoptó un vestuario sobrio en tonos uniformes y con ornamentos mesurados.^[44]​ Sin embargo, durante sus apariciones públicas, Marco Sifuentes informó que la mandataria exhibía una colección de relojes de Rolex y otras marcas,^[45]​^[46]​ cuyo valor superaba significativamente el salario presidencial establecido.^[47]​ Cabe destacar que la declaración jurada de bienes presentada por Boluarte en 2018 no incluía información sobre las marcas de relojes.^[48]​

La mandataria contó con los índices de aprobación más bajos desde los años 1980.^[49]​ Según una encuesta de Datum de 2023, la mandataria llegó a posicionarse como «el personaje negativo» del año con un 38 %, cuya cifra es más alta que otros políticos como Pedro Castillo y Keiko Fujimori.^[50]​ Esta cifra fue motivo de burlas, incluso del presentador estadounidense Stephen Colbert, quien lo comparó con las críticas a la película Madame Web.^[51]​ La mandataria optó por ignorar esas cifras, afirmando que «no estamos trabajando para las encuestas», y se autoproclamó como «la mamá de todo el Perú».^[52]​ En contraste, ha sido apodada por sus opositores políticos como «Dina Balearte»,^[53]​^[54]​^[55]​^[56]​^[57]​ en alusión a las masacres durante su gobierno, y como «La Descarada».^[58]​^[59]​^[60]​

Además de los abucheos hacia ella,^[61]​ en enero de 2024, la presidenta Boluarte fue víctima de un acto de agresión por parte de una familiar de una víctima de la represión policial. El hecho fue motivado por la falta de atención a la víctima y por una falla en la seguridad del Estado que permitió a la mujer, quien se presentó como representante de la Asociación de Víctimas y Heridos de Ayacucho, acercarse a la presidenta.^[62]​ El incidente involucró al jefe de la Casa Militar del despacho presidencial por responsabilidad funcional en la relajación de la seguridad de la mandataria.^[63]​ El resultado fue el reemplazo del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y la renuncia de funcionarios cercanos a la agencia,^[64]​ asimismo, se produjo el inminente pase al retiro del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo.

Posteriormente, en 2024, el semanario Hildebrandt en sus Trece dio a conocer que Boluarte se había sometido a una serie de procedimientos quirúrgicos durante una ausencia de 12 días.^[65]​^[66]​ Este hecho no fue comunicado a los medios o al Congreso, lo que provocó críticas por no delegar la representación del país al presidente del Legislativo durante su ausencia.^[67]​ Por otro lado, el gobierno asignó 25 mil soles mensuales para contratar a un vocero, responsable de responder a las consultas de la prensa y brindar asesoría en materia de imagen.^[68]​

El despido y la detención de Pedro Castillo provocaron la movilización de un amplio movimiento de protesta de sindicatos, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de pueblos indígenas y partidos de izquierda y extrema izquierda. Las reivindicaciones incluían la disolución del Congreso, la dimisión de Dina Boluarte, la organización de nuevas elecciones, la liberación de Pedro Castillo y la constitución de una asamblea constituyente.

Las movilizaciones afectaron especialmente a las zonas pobres del país, las mismas que habían votado masivamente a Pedro Castillo en 2021.^[69]​ El 14 de diciembre, se declaró el estado de emergencia en todo el país durante treinta días, lo que permitió desplegar al ejército contra los manifestantes. Al día siguiente de esta proclamación, la ciudad de Ayacucho, en el sur, fue escenario de una violenta represión que se saldó con el fusilamiento de ocho personas, que se sumaron a las siete asesinadas unos días antes en la región de Apurímac, también en el sur. A partir del 16 de diciembre, se declaró el toque de queda en quince provincias del país. Hasta el 17 de diciembre, al menos veinte personas habían muerto, la mayoría por disparos, a consecuencia de la represión policial y militar desde el inicio de las protestas.^[69]​ Amnistía Internacional ha pedido el «cese inmediato de la violencia estatal», mientras que los principales medios de comunicación peruanos, en su mayoría en manos del Grupo El Comercio, cuyo diario acapara el 80 % de los titulares, tienden a ocultar la violencia en las zonas rurales, calificando a los manifestantes de «terroristas y delincuentes».^[69]​ Transcurridos algunos meses, la presidenta Boluarte se dirigió a los habitantes de Apurímac para advertirles que los hechos de violencia habían sido motivados por una ideología.^[70]​

El 9 de enero de 2023, 17 manifestantes murieron por disparos y 70 resultaron heridos en Juliaca, en el departamento de Puno. Las fuerzas gubernamentales abrieron fuego con fúsiles Kalashnikovs contra la multitud,^[71]​ mientras helicópteros sobrevolaban la zona y lanzaban botes de gas lacrimógeno. Tras la etiqueta de «masacre», el primer ministro Alberto Otárola calificó a los manifestantes de «hordas de delincuentes» y declaró que se tomarían medidas para contrarrestar la movilización social, que fue presentada como un intento de «golpe de Estado» que estaría «financiado por el narcotráfico» o por «intereses externos». Anunció un toque de queda de tres días en el departamento de Puno.^[42]​ Las manifestaciones antigubernamentales posteriores suelen utilizar el lema «Dina asesina»,^[72]​^[73]​^[74]​^[75]​ incluyendo una canción del mismo nombre.^[76]​^[77]​

El 11 de diciembre, Dina Boluarte propuso adelantar las próximas elecciones a abril de 2024 y después, ante las crecientes protestas, a diciembre de 2023. Sin embargo, el 16 de diciembre, el Congreso se negó a adelantar las elecciones a la fecha propuesta.

Según un sondeo, el 83 % de los peruanos desean elecciones anticipadas.^[78]​ Políticamente muy aislada, no cuenta con el apoyo de Perú Libre y, según un sondeo, el 70 % de los peruanos está en contra de que llegue a la presidencia.^[79]​ Sin embargo, puede contar con una alianza tácita con los partidos de derechas, aunque sean sus antiguos rivales. Su Gobierno está controlado por el Congreso, con una participación cada vez mayor de las fuerzas armadas y la policía.^[79]​

Dos ministros dimitieron el 16 de diciembre: «No se puede justificar la muerte de compatriotas. La violencia del Estado no puede ser desproporcionada», escribió la ministra de Educación, Patricia Correa, en su carta de dimisión.

El 20 de diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley con 93 votos a favor (de los 87 necesarios) para convocar elecciones en abril de 2024, en lugar de diciembre de 2023, como estaba previsto inicialmente. El proyecto de ley también previó que los mandatos del presidente y los parlamentarios finalicen en julio de 2024.

El 21 de diciembre, Dina Boluarte nombró a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros para suceder a Pedro Angulo.

En protesta por la represión cada vez más violenta, aunque la presidenta descartó de nuevo dimitir, otros tres miembros del Gobierno renunciaron en enero de 2023: el ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, el ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas Ortiz, y la ministra de la Producción, Sandra Belaunde Arnillas.^[80]​

El 31 de enero de 2023, Boluarte desactivo su cuenta de Twitter, ante las severas críticas que ha recibido por medio de dicha red social.^[81]​ Al mes siguiente, la congresista de oposición Susel Paredes denunció que la abogada optó por no renunciar ante el posible temor de ser sentenciada penalmente.^[82]​

El 4 de abril de 2023, el Congreso rechazó la moción de vacancia presidencial por «permanente incapacidad moral» a Boluarte,^[83]​^[84]​^[85]​^[86]​ siendo el pedido archivado,^[87]​ por no contar con los votos suficientes.^[88]​^[89]​

En marzo de 2024, la Fiscalía de la Nación, inició una investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito.^[90]​ Ese mismo mes, la Policía realizó un operativo en su domicilio de Surquillo, para incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex.^[91]​

En medio de la crisis política, la presidenta realizó seis cambios en su gabinete, incluido el ministro del Interior.^[92]​ Asimismo, otorgó una condecoración a Javier Arévalo, Presidente del Poder Judicial, cuya actuación se encuentra bajo investigación por las víctimas mortales de las protestas. Este acto fue criticado por la Junta Nacional de Justicia^[93]​ y la Asociación Civil Transparencia.^[94]​

El Gobierno de Boluarte ha tenido conflictos diplomáticos con los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, que afirmaron en un comunicado conjunto que Pedro Castillo «fue víctima de un movimiento hostil, antidemocrático y violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», e incluso llegaron a desconocer su asunción a la presidencia.^[95]​

Por el contrario, Estados Unidos reiteró su apoyo al «proceso institucional democrático», según Antony Blinken.^[96]​

El embajador mexicano fue declarado persona non grata y expulsado de Perú en respuesta a la concesión de asilo político a Pedro Castillo y su familia por parte de México. Al expresidente boliviano Evo Morales, acusado de apoyar a los manifestantes, se le prohibió la entrada en Perú.^[97]​

Tras los incidentes en Juliaca del 9 de enero de 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció una «masacre contra la población». El presidente chileno, Gabriel Boric, juzgó «inaceptable y doloroso (...) el número de muertos en los enfrentamientos con la policía».^[42]​

El Foro Madrid, una organización iberoamericana creada por el partido español Vox que agrupa a políticos y organizaciones derechistas, denunció un «plan extranjero para desestabilizar a Perú».^[98]​

En las elecciones generales peruanas de 2021, Dina Boluarte fue miembro de Perú Libre, una agrupación política de izquierda a extrema izquierda. Después de la destitución del expresidente Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado en 2022, asumió la Presidencia de Perú. Su gestión ha generado cuestionamientos dentro de su partido político debido a la percepción de un distanciamiento de las posturas originales de Perú Libre y el nombramiento de figuras de derecha en su gabinete.^[99]​

Durante su mandato, Boluarte forjó alianzas parlamentarias con el sector conservador del Congreso de la República^[100]​ e incluso pactó un entendimiento con el fujimorismo.^[101]​ A pesar de que el partido de derecha aparentaba ser adversario,^[102]​ algunos representantes vinculados al movimiento obtuvieron puestos en el gobierno.^[103]​ En 2024, se filtraron audios grabados en 2022 en los que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, afirmaba que si esta no hubiera asumido la jefatura del Estado, el poder habría recaído en manos de la derecha.^[104]​

Mientras tanto, la percepción de Perú Libre por ella ha evolucionado, considerándose ahora que promueve ideologías de carácter anarco y radical.^[105]​ La oposición congresal a Boluarte la constituyen representantes que inicialmente respaldaron la gestión de Castillo.^[106]​ El entonces primer ministro de Boluarte, Gustavo Adrianzén, describió que su oposición corresponde a «aquellos grupos y bancadas políticas que no se han prestado a este ejercicio de hostilización política en contra de la presidenta Dina Boluarte».^[107]​

Los analistas, según La República, informaron de que la inexperiencia política de Boluarte le ha llevado a pasar de una ideología de izquierdas en apoyo de los campesinos a una ideología de derechas, e inclusive cercana a la ultraderecha, que reprimía a sus anteriores partidarios.^[108]​ Americas Quarterly señaló que, después de que Boluarte fuera expulsada del partido Perú Libre, se alineó con el Congreso en busca de apoyo político en lugar de con los electores que la eligieron, creando un sentimiento de traición entre los votantes rurales e indígenas.^[109]​ Según el politólogo David Sulmont, Boluarte buscó ser expulsada del partido porque predijo que Castillo sería destituido y que ella podría asumir la presidencia.^[37]​

El politólogo Daniel Encinas describió a Boluarte como una «oportunista», señalando que, aunque fue elegida vicepresidenta bajo un Gobierno de izquierdas, se alineó con figuras de derechas en el Congreso tras su acceso a la presidencia.^[110]​ El sociólogo Carlos Reyna, al hablar de la respuesta de Boluarte a las protestas, declaró: «Una persona que gestiona, encubre y apoya a las fuerzas armadas y policiales para que fusilen a civiles desarmados no puede decir que pertenece a una variante moderada..., Boluarte se parece... a las peores versiones de la extrema derecha».^[111]​ Daniel Sulmont diría que Boluarte se convirtió en un testaferro del Congreso, sirviendo al órgano legislativo de «escudo entre la población y el Congreso de la derecha» debido a que sacrificó su legitimidad política recurriendo a la represión.^[37]​

Boluarte fue cuestionada cuando postuló a la Vicepresidencia cuando trabajó en el Reniec, infrigiendo el reglamento interno de trabajo.^[112]​ No obstante, especialistas cercanos al diario El Comercio señalaron que la Ley Orgánica de Elecciones no obligaba a dejar el cargo público excepto si fuera de alto cargo.^[113]​ En 2021, luego que el Reniec negara la licencia laboral por cinco años, la entonces vicepresidente anunció que apelaría para permanecer el cargo luego del gobierno de Pedro Castillo.^[114]​ En 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia constitucional sobre una posible irregularidad hacia ella.^[115]​ En 2023, Boluarte demandó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por casi medio millón de soles sin la oposición de su actual gabinete.^[116]​

En julio de 2023 el dominical Punto final informó que un libro publicado en 2004, llamado El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, habría obtenido contenido de otras fuentes sin permiso.^[117]​^[118]​ En este libro, Boluarte fue coautora y más de la mitad del contenido no es un original según Turnitin.^[119]​^[120]​ Este fue incluido en su hoja de vida de 2007 para postular al Reniec.^[118]​ La noticia fue compartida por El País de España y La Nación de Argentina.^[121]​

La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, criticó el silencio de la mandataria luego de publicar el informe de plagio.^[122]​ El silencio permaneció durante los primeros siete días sin justificar tal controversia al evitar contactarse con la prensa.^[123]​ En su lugar, el ministro Alberto Otárola la respaldó.^[124]​ En agosto de 2023 la ministra de Cultura Leslie Urteaga (quien consiguió retirar a personal de IRTP para impedir una mala imagen de la mandataria)^[125]​ retiró a la jefa de la Biblioteca Nacional del Perú, en plena colaboración de la Fiscalía, cuando la institución poseyó el único ejemplar disponible del libro controvertido.^[126]​ En octubre de ese año, Punto final reveló que el abogado de Boluarte solicitó la prescripción de la investigación.^[127]​

En noviembre de 2023, el Ministerio Público citó al hermano de Dina Boluarte, Nicanor, por el presunto delito de colusión cuando destinó a cinco obras públicas en el distrito de Nanchoc, Cajamarca.^[128]​ Según la exasistenta Maritza Sánchez para La República, Nicanor tuvo una postura relevante para su mandato por sus vínculos cercanos con autoridades.^[129]​^[130]​ En respuesta, la presidenta Boluarte señaló mortificada que «el familiar al que mencionaron» no está afiliado al Estado, por lo que indicó que su hermano puede recibir «a quien se le pegue la gana».^[131]​ Desde entonces, acusó al dominical Cuarto poder por la emisión de reportajes que, según ella, «están programáticamente [difamando] sobre mi hermano».^[132]​ Cabe señalar que Nicanor continuó apareciendo en audios filtrados sobre nuevas contrataciones no calificadas.^[133]​

En 2024, la Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación adicional sobre los orígenes de la adquisición de relojes por parte de Dina Boluarte.^[134]​ Esta investigación se llevó a cabo a la luz de un análisis de sus declaraciones juradas, que reveló un aumento de 400 000 soles durante el período comprendido entre 2021 y 2023.^[135]​ Posteriormente, un informe emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros identificó movimientos bancarios adicionales de origen indeterminado por un monto de un millón de soles.^[136]​ Al respecto, la presidenta Boluarte, aseguró en una entrevista con la prensa, que esos relojes fueron comprados fruto de su «trabajo desde los 18 años» y solicitó que «no entren en temas personales».^[137]​

En mayo de 2024, el medio digital Infobae informó que Dina Boluarte habría solicitado al Tribunal Constitucional demandar al Ministerio Público y al Poder Judicial para impedir la investigación durante su mandato en curso.^[138]​ El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos exigió a la mandataria a rendir cuentas debido a que esta actividad no corresponde a un acoso político, que lo perciben algunos congresistas.^[139]​

• «Conoce a la candidata Dina Ercilia Boluarte Zegarra por Lima + Residentes Extranjeros 2020». Voto Informado. Consultado el 23 de junio de 2021. 
• Biografía CIDOB