Cárcel de Chonchocoro
La Cárcel de Chonchocoro, nombre popular del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, es un centro penitenciario boliviano ubicado en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. Es conocido localmente por ser el único recinto penitenciario boliviano categorizado como de máxima seguridad. Fue inaugurado en 1992.[1]
| Penal de San Pedro de Chonchocoro | ||
|---|---|---|
| Cárcel de Chonchocoro | ||
| Localización | ||
| País | Bolivia | |
| Ubicación |  La Paz, Bolivia | |
| Información general | ||
| Usos | Prisión | |
| Inicio | 1988 | |
| Finalización | 1992 | |
| Construcción | 1992 | |
| Propietario | Estado boliviano | |
| Mapa de localización | ||
Historia
Inaugurado en 1992 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se anunció su capacidad como apta para 330 reos, en 2023 se registraban más de 600 y muchas de las áreas destinadas a la rehabilitación y desarrollo de tareas de los reos se habían transformado de forma precaria en nuevas celdas.[2]
Hitos relevantes
- En 1993 se registró un amotinamiento, que incluyó la toma de rehenes.[3]
- En 1995 llegó el ex dictador Luis García Meza condenado a 30 años de prisión, la máxima pena en Bolivia, tras ser extraditado desde Brasil.
Problemas
El recinto ha sido criticado en numerosas ocasiones por los problemas de hacinamiento, distribución cuestionable de espacios, establecimiento de "categorías y clases" con diferentes niveles de privilegios entre los reos, establecimiento de redes de crimen organizado, así como la falta de seguridad, la cual ha permitido diferentes agresiones entre reos, y otros eventos irregulares.[4][5][2][6]El establecimiento de privilegios y condiciones diferenciadas para reos con poder político y económico son motivo de reclamos de la población penitenciaria.[7][8]
En 2021 el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo mencionó que el penal tenía un 374% de hacinamiento.[9]Hasta 2023 se registraron al menos 34 personas recluidas fallecidas en el interior de la prisión en diferentes circunstancias, incluidas agresiones entre reos, golpizas atribuidas a torturas policiales y suicidios que fueron cuestionados por los propios reos y los familiares de las víctimas.[10][11]
Muchos de los problema denunciados en el centro penitenciario son comunes a todo el sistema boliviano, son de conocimiento de las autoridades locales, y han sido observados en reiteradas ocasiones por observadores locales e internacionales relacionados con la seguridad y con la Defensa de los Derechos Humanos.[12][13][14][15][16]
Véase también
Referencias
Datos: Q125120496
